Las ciudades latinoamericanas sufren la segmentación y desigualdad socio espacial como síntoma de un proceso de degradación urbana cada día más preocupante. Resistencia no es ajena a este fenómeno.
Decisiones como la de diferenciar zonas de la ciudad por poder adquisitivo, para aplicar a los sectores urbanos, que se presuponen ocupados homogéneamente por propietarios de mayores ingresos, subas en los gravámenes que triplican la media de los ajustes que se hicieron por el mismo motivo en todo el país y, a los sectores urbanos que se presuponen habitados homogéneamente por propietarios de menores ingresos, prácticamente no cobrarles impuestos inmobiliarios, constituye un nuevo componente diferenciador que profundizará la segmentación socio-espacial de nuestro territorio.
Por mencionar ejemplos, un terreno de 300 m2 ubicado en las zonas afectadas por el incremento inmobiliario es de $15.000, mientras que las zonas no afectadas, con terrenos y superficies construidas similares, no alcanzan a pagar $4.000, según facturas aportadas como datos por colegas que habitan en distintos sectores de la ciudad. De aplicarse este impuesto diferencial, se sumará a otros factores conocidos que ya están provocando una brecha social al producir por un lado el desplazamiento de los que no pueden solventar semejante incremento de gravámenes y, por otro lado, la consolidando la situación de privilegio de los sectores que si pueden solventar su permanencia en las zonas de mayor calidad urbana. La segmentación social está acompañada de procesos de fragmentación espacial, inseguridad y violencia, como lamentablemente se puede observar en nuestras ciudades.

La ciudad con justicia espacial, diversidad social y con altos niveles de participación ciudadana, donde todos los sectores sociales pueden interrelacionarse, disfrutar y compartir en igualdad de condiciones los beneficios urbanos en equilibrio con su entorno, quedaría cada vez más lejos, lo mismo que la posibilidad de mayor justicia social.
Estos impuestos, se suman a los dobles estándares que ya existen en la gestión municipal de la ciudad. Por ejemplo, tenemos, por un lado, ciudadanos que, para construir su vivienda familiar, contratan previamente a profesionales para desarrollar el proyecto que cumplan con todas las normativas vigentes, pero aún así, deben pasar por procesos de profunda revisión de su expediente por los organismos municipales que suele durar a veces más de un año y, por el otro lado, tenemos zonas completas donde se construye sin asesoramiento técnico y sin la mínima fiscalización del Municipio. Otro ejemplo: locales comerciales que deben cumplimentar con las normativas correspondientes y brindan seguridad al cliente y otros que resuelven de manera poco clara su habilitación y exponen al ciudadano a riesgos de todo tipo, como incendios o bromatológicos.
En fin, el impuesto inmobiliario es un caso más de doble estándar que contribuye a reforzar la ya existente división de la ciudad en zonas privilegiadas y periférica, caracterizada por la precariedad urbana y habitacional, condenando a un sector de la ciudadanía a tener escasa calidad de vida y menores posibilidades de promoción social.
Como menciona Naredo; El proceso de desigualdad espacial se puede dar por barreras materiales y/o inmateriales y se registra como segmentación y separación profunda del tejido urbano, se da en función de algún tipo de diferenciación económica, social y cultural (Naredo, 2003). Es por esto que el CPAUCH sostiene que dichas barreras deben evitarse y buscar mayor igualdad, evitando tensiones que seguramente se expresaran en el territorio y nos alejaran cada vez más del desarrollo urbano equilibrado y equitativo de nuestra ciudad.
Bibliografía:
Naredo, J.M. (2003) CIudad y Desarrollo Sostenible. Alcorcon, Madrid. Colegio de Arquitectos.